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Polémica por la edad de imputabilidad de los menores

El proyecto del gobernador de Buenos Aires de bajar la imputabilidad de los menores -que en la actualidad es de 16 años- genera controversias entre ONG y especialistas, que reclaman políticas serias para los chicos y una revisión del sistema penal.

(INFOCÍVICA) Frente al proyecto impulsado por la gobernación de la Provincia, asociaciones civiles y ONG consultadas por Infocívica coinciden en que la solución no es la criminalización de la niñez y de la pobreza. Además, aseguran que la única manera de reducir la delincuencia en los adolescentes es a través de medidas de inclusión social.

Según un informe que realizó Unicef junto a la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia, se pudo establecer que hay en todo el país 6.294 chicos infractores o presuntos infractores de la ley, lo cual incluye a niños, adolescentes y jóvenes. De este total, el 71 por ciento estaba incluido en programas y el 29 por ciento alojado en algún establecimiento. El informe fue presentado este año en base a un relevamiento nacional sobre adolescentes en el sistema penal.

Según el régimen penal vigente en la provincia de Buenos Aires, si una persona menor de 16 años comete un delito no es punible. Esto significa que no se les puede aplicar una pena como la privación de la libertad. Sin embargo, el mismo régimen también establece que un menor de 16 años acusado de cometer un delito, puede ser "dispuesto" provisionalmente por el Juez de Menores, y si se considera que se encuentra abandonado, falto de asistencia, o tiene problemas de conducta, el magistrado tiene la potestad para "disponerlo" definitivamente.

Es por eso que en la Provincia cientos de chicos con causas penales se alojan en institutos o son incluidos en distintos programas tanto estatales como de la sociedad civil. Para Laura Taffetani, abogada y coordinadora del Área de Educación Popular de la Fundación Pelota de Trapo donde hoy viven 60 chicos con causas penales, la idea de bajar la imputabilidad "es una locura". "Necesitamos otra política de Estado. El 60% de los chicos están por debajo de la línea de la pobreza y su estrategia es sobrevivir. Estamos teniendo tres generaciones de padres sin trabajo. De la práctica surge que las medidas represivas no dan respuesta a la problemática. Cuando hay una propuesta seria, los chicos la eligen como otra vía", explicó.

Por su parte, el diputado presidente de la Fundación Sur Argentina, que se dedica a la promoción y defensa de los derechos de la infancia y juventud, Emilio García Méndez, sostuvo que en estos temas no se puede tomar una posición sin un diagnóstico de la situación. "Tenemos el régimen penal más atrasado de América latina. Hay una criminalización automática de los adolescentes. De los 1.800 chicos penados no hay ni uno de clase media. Necesitamos un sistema penal riguroso pero que sea justo para el chico", aseguró García Méndez.

Recientemente la Fundación Sur – Argentina junto a al Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), presentó una acción de hábeas corpus a favor de 45 chicos menores de 16 que estaban privados de su libertad en un Instituto de San Martín. "Lo ganamos en la Cámara Penal de Casación pero inexplicablemente la Corte suspendió la ejecución el 18 de marzo", contó García Méndez.

Todos los especialistas aseguran que el país aún tiene pendiente la aprobación de una nueva ley penal juvenil respetuosa de los derechos y garantías de los adolescentes. Además, la Convención Internacional de los Derechos del Niño -que en nuestro país tiene rango constitucional- establece que la privación de libertad en el niño debe ser el último recurso y sólo se debe aplicar en casos extremos.

"En primer lugar a los chicos hay que transformarlos en sujeto de derecho porque a los 15 años siguen siendo tutelados. Es decir, para el Código Civil el menor no tiene capacidades y una persona se hace cargo de ellos. Con este sistema el chico no tiene derecho a ser escuchado", explicó Ernesto Moreau, vicepresidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos (APDH). Para el abogado es importante revisar la responsabilidad penal juvenil y crear establecimientos donde los chicos se puedan reinsertar articulando el trabajo con las familias", señaló.

Desde hace 13 años, Manuel Schneider y su esposa Patricia están a cargo de la Granja Escuela Siquem, una Asociación Civil de Río Cuarto que trabaja con chicos que están cumpliendo penas por causas judiciales o que están excluidos del sistema educativo y laboral. Actualmente a la granja concurren 60 chicos, 25 de ellos viven allí que es donde cumplen la pena judicial.

"No estamos de acuerdo con bajar la imputabilidad. Desde nuestra institución partimos de la base de que el problema de los chicos tiene un origen. Su situación es injusta y son víctimas del sistema. Nuestro objetivo es trabajar con ellos abordando las causas que generan esos problemas a través de una vida en comunidad", contó Schneider, quien sostuvo que es paradójico vivir en una sociedad que se cuida de los chicos. "Es una sociedad enferma porque es ella la que tiene que cuidar del niño", enfatizó.

En la Granja Siquem las jornadas se dividen entre la escuela y las tareas de la granja. "Además, hacemos un fuerte trabajo en los barrios. Muchas veces los chicos provienen de familias destruidas por la pobreza y la desocupación. Pero se puede salir adelante a través de proyectos productivos", contó Schneider.