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Imputabilidad penal de menores

La propuesta más audaz

(NOVA) Luigi Ferrájoli, teórico del derecho a nivel mundial y uno de los más conspicuos defensores del garantismo, expone desde hace ya un largo tiempo su hipótesis sobre el "derecho penal mínimo". Esta conjetura, que se puede vincular con la sociología jurídica, señala que se deben atender las necesidades primarias de subsistencia en cuanto a alimentación, salud, escolaridad y trabajo entre otras cuestiones. Entonces, con esas condiciones, el delito caerá por sí solo como práctica cotidiana.

Ferrájoli, merece por respeto algún desarrollo mayor de sus ideas, pero es muy oportuna su cita con respecto a la actualización de un debate que sigue por los mismos caminos que se vienen marcando desde hace una década. La discusión es en torno a la inseguridad y con identificaciones puntuales, como ocurrió últimamente con los menores de edad a partir de declaraciones del gobernador Daniel Scioli.

Por un lado, y no sólo quienes defienden los derechos humanos a través de organizaciones y entidades sostienen la tesitura de Ferrájoli. Primero combatir la pobreza y la marginalidad y luego hacer sintonía fina, en todo caso, con algunas problemáticas específicas delictivas.

Es una tarea ciclópea y a largo plazo. Pero mientras los políticos se ponen de acuerdo pasan los años y las generaciones. Desde el oficialismo nacional tal vez puedan ofenderse y señalar que la pobreza se redujo durante la presidencia de Nèstor Kirchner. Pero, en todo caso ¿cambiaron las condiciones reales de marginalidad?

Desde la tesis garantista -que por otro lado asumió el país institucionalmente desde 1994 con la incorporación de una serie de tratados de derechos humanos- se asegura que el crecimiento de un punto porcentual de la pobreza asegura el crecimiento de un punto y medio en la estadística de delito.

De la otra vereda aprovechan este tipo de datos para criminalizar la pobreza, y de paso, tal cual el club del Rifle de Estados Unidos dice que el garantismo muestra un discurso florido pero que no hay tiempo de realizar estos debates cuando alguien amenaza tu vida con un arma en medio de un asalto. Al respecto fue muy conocido un afiche con un arma apuntando de frente al ocasional observador que sólo rezaba "todo muy bien, pero ¿veanlo desde nuestro punto de vista?".

La discusión, tanto de un lado, como del otro adquirió rigor cuasi dogmático. Una gestión de gobierno debería abrazar una u otra doctrina. Van más de diez años desde que en la Provincia se ha politizado la inseguridad y no se advierten efectos de alguna política consensuada y a largo plazo. Fueron diez años que, en ese sentido, no arrojan una conclusión productiva, salvo la de un cambio de nombres y políticas coyunturales.

Respecto del actual gobernador bonaerense fue muy difícil apreciar de que lado de la vereda estaba hasta que con un pie en Colombia lanzó su propuesta -que excede su competencia por pertenecer a la legislación nacional- de bajar la edad de imputabilidad de los menores.

Es tal vez la sugerencia más audaz que realizó en materia de seguridad tras diez meses en que sólo alentaba la llamada al número de emergencias 911 como la receta curadora de todos los males.

Es una iniciativa que le sirve como generador de un debate que parecía perimido o, en todo caso, se encontraba como un discurso subterráneo en medio de otros temas de agenda como la crisis internacional financiera.

Y es audaz desde el momento que ataca de raíz la concepción doctrinaria kirchnerista que, justamente, no suele ser muy amiga de criminalizar la pobreza ni a los menores. Curiosamente, el momento preelectoral no ha permitido reaccionar a la frondosa vocería que posee la Casa Rosada para alzarse contra propuestas de esta naturaleza.

Por lo pronto, el Gobierno bonaerense, a través del ministro de Justicia, Ricardo Casal, materializará la iniciativa por mesa de entradas de la Cámara de Diputados de la Nación que es donde se deberá debatir si hay suficiente argumentación y pertinencia para modificar el Código de fondo.

Portavoces de la Gobernación, tal vez con la intención de calmar las aguas, señalaron que la propuesta alude a determinados delitos, los más aberrantes. Igualmente se espera la redacción de puño y letra del proyecto que no contempla prioridad en el Congreso, razón por la cual se espera alguna presión mayor de Scioli y su gabinete durante la próxima semana.

Pero igualmente le servirá al oficialismo provincial para llegar a la población con una imagen de gestión respecto de inseguridad. Permitirá ganar tiempo en la medida que se alarguen los plazos de la aprobación. Esto si logran posicionar a la propuesta como clave en el desarrollo de una política de seguridad. En todo caso por factores ajenos, se dirá, no se pueden contar con herramientas necesarias para combatir el delito.

La baja de la imputabilidad es sólo la punta del iceberg. Casal ya adelantó que acelerará la segunda reforma al código procesal penal aunque mostrando como nuevas algunas modificaciones que ya están vigentes como es la representación legal de víctimas en juicio. Pero también prevé ampliar el sistema de oralidad en el fuero penal y otras modificaciones con la expectativa de lograr un servicio de justicia más ágil.

La duda está en si esta nueva puesta en escena de debate, relativo a la imputabilidad, nace de una decisión muy premeditada o como consecuencia de un detonante que dejó al descubierto a una gestión bonaerense sin respuestas.

Lo cierto es que el detonante existió y es la muerte de un ingeniero en San Isidro a manos de una delincuencia cada vez más arriesgada en sus objetivos y en su metodología.

Ricardo Barrenechea es una víctima más de la inseguridad, de las tantas registradas en los últimos meses. Por una cuestión sobre la cual se pueden tener más de una conjetura, se convirtió en disparador de una preocupación masiva, reactivando mecanismos de movilidad social en etapa embrionaria como ocurriera hace unos años con el entonces conocido como ingeniero Juan Carlos Blumberg.

En este contexto de alta demanda de seguridad, la propuesta de baja de edad de imputabilidad puede ser una herramienta que renueve expectativas, pero se corre el riesgo de que nuevos hechos delictivos vuelvan a dejar sin respuestas a los máximos responsables de velar por el patrimonio y la vida de los bonaerenses.