Provincia


Martello: "La hipocresía de no decir lo que se hace, porque nada se hace"

* Por Walter Martello


Una respuesta al planteo del Gobernador Scioli acerca de la situación de los jóvenes en la provincia de Buenos Aires.


La provincia de Buenos Aires tiene en la figura del Sr. Gobernador un comentarista privilegiado de la realidad.

Desprendido insólitamente de su función de máximo responsable de atender los asuntos del Estado el Sr. Scioli se dedica permanentemente a seguir las noticias diarias y efectuar algún comentario, si es posible algún anuncio y rogar que el tiempo transcurra antes que ese 50 % de ciudadanos que lo acompañaron con su voto descubran realmente su verdadera incapacidad.

En materia de políticas de seguridad y ante cualquier hecho dramático, como el que nos ocupa por estos días, no dudó en anunciar un nuevo debate acerca de la baja de la edad de imputabilidad de los menores como forma definitiva de solución a esta crisis.

Obviamente su enorme desconocimiento de la situación o aun peor su hipocresía absoluta, al poco de andar se encuentra con la realidad que es la única verdad.

Un día antes de ese anuncio la Suprema Corte de la provincia de Buenos Aires lo intimó para que "en lo inmediato" brinde a la justicia de menores los recursos necesarios que le permitan garantizar "el normal ejercicio de la función".

El máximo tribunal también le pide explicaciones al Sr, Scioli respecto a las medidas que tomará en un plazo de 60 días para un control del cumplimiento de lo ordenado.

"Las sucesivas omisiones por parte de la autoridad administrativa en orden a la provisión de recursos idóneos tendientes a resguardar la integridad física y espiritual de los menores, colocaron a los mismos en un estado de indefensión y desamparo, que no se condice con las garantías que, conforme al paradigma del Estado de Derecho, propone nuestra organización constitucional", señala el fallo firmado por los jueces Héctor Negri, Eduardo de Lázzari, Luis Genoud y Eduardo Pettigiani.

En el fallo, el juez De Lázzari sostiene que se está frente a "una situación no por repetida menos trascendente: la de las falencias y omisiones que se evidencian en perjuicio de uno de los sectores más desprotegidos de la sociedad como es el de los menores en conflicto con la ley penal".

"En la atención de los niños, el Estado debe valerse de instituciones que dispongan de personal adecuado, instalaciones suficientes, medios idóneos y experiencia probada en este género de tareas", agregó el magistrado.

El tribunal no justificó la falta de presupuesto y de infraestructura alegada por el Gobierno ya que "no puede constituirse en justificación válida para incumplir con los mandatos que en materia de minoridad le han sido impuestos".
Los jueces recordaron que en Trenque Lauquen el inicio del fuero de Responsabilidad Penal Juvenil que estaba previsto debió postergarse porque el Gobierno no había cumplido las condiciones a las que se había comprometido para que comience a funcionar.

Desde otro lugar, las autoridades de la Iglesia Argentina le hizo saber categóricamente si opinión. “El mundo civilizado ha comprobado que al incremento de las medidas represivas ha sucedido, fatalmente, el incremento de la criminalidad" agregando que "la pretensión de obtener seguridad por vía del abuso en la pena privativa de libertad y la imputabilidad de menores despierta hambre y sed de justicia".

Rápidamente el Sr. Gobernador comenzó a exhibir datos que tratan de generar en la sociedad, por demás angustiada, una opinión concordante con la suya.

Según estimaciones de la policía, los menores de 18 comenten un millón de delitos por año en la provincia.

Un millón de delitos graves por año equivale a 114 infracciones de este tipo por hora, una estimación que desde la Comisión de Seguimiento y Aplicación de la Convención Internacional de los Derechos del Niño (CASACIDN), desmintió por absurda y exagerada.

El estudio de UNICEF, “Los derechos humanos de los adolescentes en el Sistema Penal Argentino”, describe la situación de los adolescentes infractores y presuntos infractores de la ley penal que están encerrados en dispositivos de todo el país por orden juvenil.

Según el informe, hay 6294 adolescentes y jóvenes incluidos en dispositivos penales juveniles por orden judicial, de los cuales 1799 se encuentran en establecimientos de privación de la libertad cerrada o semi-cerrado y el 71% restante, en programas no privativos de la libertad.

“La tipología de los delitos que dan origen al ingreso a establecimientos es un dato difícil de analizar y hay bastante faltante de información –señala el documento-. De todas formas, se puede ver que el 70% de las entradas está relacionada con delitos contra la propiedad, siendo su número más importante la modalidad sin armas”.

El estudio en forma más que elocuente desmiente a Scioli y a su policía.

Ahora bien ¿cuales son los programas que en este año de gestión lleva adelante el Gobernador?

¿Cuantos recursos se les asigna al problema de los jóvenes?

¿Amplio las partidas presupuestarias para atender esta situación?

¿Hay alguna otra propuesta que implique dejar de lado la posibilidad que los menores terminen hacinados en dependencias colapsadas, sin recursos o aun más inexistentes?

¿El Ministro Arroyo , mas allá de su capacidad técnica como implementa los recurso que tiene asignados y las facultades extraordinarias para a modificarlos ampliarlos , etc, lleva adelante programas preventivos?

Veamos algunos casos:

• De los 47 millones de pesos presupuestados para el área de atención de las adicciones, que representa el 0,17 del presupuesto provincial, al mes de agosto se había ejecutado 29 millones, de los cuales el 50% se gasta en personal y solamente 12 Millones se utilizan para la atención efectiva.

• Mientras en materia de atención de adicciones se ejecutó el 60 % del total del crédito original, en el área de publicidad de la jefatura de gabinete se comprometió todo lo asignado por el presupuesto y se incremento el mismo en un 50% mas gastando mas del doble de los recursos en publicitar las acciones gubernamentales que en atender el principal problema que enfrentan los jóvenes.

• En los programas dependientes del Ministerio de Desarrollo Humano no hay mejor suerte, àrea el programa Niñez y adolescencia se destinan 22 millones de pesos anuales, es decir menos de 2 millones de pesos mensuales para la atención de mas de 1.800.000que se encuentran debajo de la línea de la pobreza de los cuales mas de 500 mil no estudian ni trabajan.

• De programa de atención a niños en stuación de calle solo se han transferido a instituciones publicas y privadas en el periodo enero agosto 19 Millones de pesos de los 32 previstos-

• El programa autovalidamiento (PROA) se ejecutaron 12 mil pesos.

El programa Servicio de Asistencia Familiar (SAF) no tiene ejecución al mes de agosto.

• El programa Apoyo Económico Temporario - Sistema de Becas cero peso de ejecución.

• El programa Crecer Jugando no se ejecutó

• El subprograma Políticas de Responsabilidad Penal Juvenil 800 pesos asignados cero ejecutado

• El subprograma Coordinación de Servicios Zonales y Locales de atención a niños y adolescentes de los 4.7 millones presupuestados solo se ejecutaron 234 mil pesos.

Todas estas cifras se podrían poner en el contexto del presupuesto total de la provincia que para este año rondará los 35 Mil Millones de pesos, y ver cual ha sido la prioridad de nuestro gobernador.
Las políticas de mano dura nunca resultaron efectivas en la provincia de Buenos Aires e reformuló la legislación penal mas de 18 veces en diez años, hoy mas allá de ese anunció deberíamos preguntarnos ¿existe un estudio serio de las causas de la criminalidad? O simplemente la confesión que los delincuentes son cada vez mas jóvenes, menos instruidos y mas pobres realizada por el ex Ministro de justicia Di Rocco, hoy asesor presidencial.

“Recurrir al facilismo de medidas coyunturales cargadas de venganza antes que de racionalidad", no ayuda como bien manifiesta el episcopado.

El fenómeno contemporáneo de la criminalidad no ha nacido por generación espontánea sino, en gran parte, de las decisiones políticas y económicas que desconocen la humanidad de quienes pertenecen a los sectores excluidos, cuyos derechos son despreciados cruelmente", también dijeron los Sres. Obispos, ese tipo de iniciativas "no sólo no soluciona el problema, sino que lo agrava, porque al aplicarse a los menores la ley como si fueran adultos, no diferencian y esa violencia que sienten se vuelve contra la sociedad".

En definitiva hoy el poder político que gobierna la provincia de Buenos Aires desde hace 20 años y que nos está llevando por incapacidad, conveniencia y complicidad hacia un proceso irreversible de Favelización, esta imposibilitado de salir del mismo.

* Diputado Coalición Cívica Buenos Aires, Vicepresidente II de la Cámara de Diputados

 
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